Comercializadores de energía: liquidez crítica y riesgo creciente

Los comercializadores de energía atraviesan una situación financiera delicada por subsidios sin pagar, opción tarifaria acumulada y morosidad oficial. La liquidez del sector está comprometida, afectando la sostenibilidad del suministro y aumentando el riesgo de un apagón financiero.

El rol de los comercializadores de energía es fundamental dentro de la cadena eléctrica: recaudan los pagos de los usuarios, trasladan recursos a los generadores, transmisores y distribuidores, y garantizan la continuidad del servicio. Sin embargo, en 2025 enfrentan su momento más crítico en más de una década. La acumulación de deudas por subsidios, la morosidad de entidades públicas y la recuperación lenta de la opción tarifaria han deteriorado su flujo de caja y elevado el riesgo financiero.
Liquidez tensionada por deudas acumuladas
La cartera estimada de los comercializadores alcanzó COP7,1bn en enero de 2025. Los principales factores explican la carga:

Saldo de la opción tarifaria: COP3,1–3,3bn.
Subsidios sin pago del Gobierno: COP2,8–3bn.
Morosidad de usuarios oficiales: COP1bn.

El saldo de la opción tarifaria se originó durante la pandemia, cuando los comercializadores cobraron tarifas por debajo del costo real para aliviar a los hogares. Aunque desde 2023 se habilitó el mecanismo COT para recuperar el saldo, este proceso es gradual y no compensa las necesidades inmediatas de caja.

En paralelo, el Gobierno Nacional arrastra retrasos en el pago de subsidios a estratos 1, 2 y 3 desde el segundo trimestre de 2024. El desembolso anunciado por el Ministerio de Hacienda —COP800.000mn entre febrero y abril de 2025— resulta insuficiente frente a un déficit mensual que oscila entre COP300.000 y COP350.000mn.

Morosidad oficial y exposición social
Las entidades públicas —gobernaciones, alcaldías, hospitales y empresas estatales— no pueden ser desconectadas, incluso en caso de incumplimiento. Esto incrementa la cartera vencida y afecta de forma desproporcionada a los comercializadores en regiones donde los usuarios oficiales tienen mayor peso.

En zonas como Chocó, Guaviare, Cauca o Nariño, la exposición a estratos 1–3 supera 60%, lo que intensifica la dependencia de subsidios y eleva el riesgo financiero.

Tarifas crecientes y presión sobre los usuarios
La tarifa promedio nacional aumentó cerca de 12,4% anual en los últimos cuatro años, impulsada por mayores costos de generación, devaluación, pérdidas, fraudes y ajustes regulados. A pesar del incremento tarifario, muchos comercializadores no logran compensar los saldos acumulados ni cubrir sus obligaciones con otros agentes del sistema.
Para los hogares, la tarifa al usuario en 2024 se ubicó en COP938/kWh, muy por encima de los COP735/kWh observados en 2022. En regiones como Caribe y Bolívar, el aumento ha sido mayor debido a pérdidas técnicas y no técnicas más altas.

La opción tarifaria: alivio temporal, problema persistente
La opción tarifaria permitió diferir cobros entre 2020 y 2023. Sin embargo, al dejar de recaudar el costo real de la energía, los comercializadores acumularon saldos que aún hoy presionan su liquidez. A diciembre de 2023, el saldo ascendía a COP5bn; para enero de 2025 se ubicó entre COP3,1bn y COP3,3bn.

Aunque la Resolución CREG 101 de 2023 habilitó el COT para acelerar la recuperación, el ajuste sigue siendo lento frente a la magnitud del déficit.

Riesgos sistémicos y necesidad de soluciones urgentes
El retraso en los pagos ya provocó un evento crítico: el apagón de Puerto Carreño el 2 de enero de 2025, cuando la empresa departamental no pudo cubrir costos de suministro tras la demora en los subsidios. Este caso evidencia cómo tensiones financieras pueden convertirse en fallas reales del servicio.
De mantenerse la tendencia:

El riesgo de impago a generadores y operadores aumentará.
Los comercializadores podrían perder capacidad de operación.
La estabilidad del sistema se vería comprometida, especialmente en regiones con altos subsidios.

Las alternativas discutidas incluyen la titulización del saldo de la opción tarifaria para estratos 1–3, respaldada por la Nación. Sin embargo, esto depende de la capacidad fiscal y del marco presupuestal del Gobierno.